En gobierno de Moreno Valle, suman 242 activistas perseguidos: comité

Durante la administración actual de Puebla se han registrado 242 casos de activistas “perseguidos”, de los que 133 están bajo proceso, 92 enfrentan órdenes de aprehensión liberadas o canceladas y 13 están la cárcel.

De acuerdo con el Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla,  los otros cuatro casos corresponden a los de Juventino Tlahuel, mototaxista en arraigo domiciliario; Delfino Flores Belga, de 89 años, detenido por defender un predio en la colonia Ampliación Xilotzoni en octubre de 2013, pero murió en condición de preso en junio de 2014.

El de Jairo Javier Montes Bautista, ex-presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, aprehendido en noviembre de 2014 y quien recibió una sentenciado de 4 años y dos días por los delitos de lesiones calificadas, ataques a las vías de comunicación y privación ilegal de la libertad por bloquear la autopista en esa demarcación en julio de dicho año, sin embargo, al ser una condena menor a 5 años pudo salir bajo caución.

Así como el de Enedina Rosas Vélez, detenida el 7 de abril del 2014, quien fue detenida como “represión” por haberse negado a firmar la venta de tierras para la colicación del gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).  Se trata de la única que ha demostrado su inminente inocencia.

4 de los detenidos, de la UPVA

De los 13 presos, cuatro son mototaxistas por manifestarse y exigir que se derogara la ley que prohibía ese tipo de transporte, tres son exconcesionarios de unidades transporte público por oponerse a la Línea 2 de la RUTA, dos son habitantes de Felipe Ángeles quienes fueron detenidos por exigir a las autoridades de ese municipio la mejora de servicios.

Mientras que los cuatro restantes son de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” sus hijos Rubén Sarabia Reyna y Xihuel Sarabia Reyna, así como Fernando Alonso Rodríguez.

Campesinos, entre los procesados

Entre las 133 personas que están bajo proceso en el actual sexenio, los casos más conocidos son los de Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (Fpdatmpt), por oponerse también al PIM, pues fue detenido en abril de 2014 pero liberado en septiembre del año pasado, aunque se reactivó su orden de aprehensión.

Así como 30 campesinos de Chignahuapan integrantes de la Unión Nacional De Trabajadores Agrícolas (UNTA), 10 mototaxistas más de Acatzingo, Coronango, Ocotlán y San Miguel Xoxtla, cinco por oponerse al Parque de las Siete Culturas en San Andrés Cholula.

Además de los presidentes auxiliares de San Miguel Canoa y la Resurrección, Raúl Pérez Velázquez (en el cargo) y Sabino Leonardo Báez Serrano (no ha sido restituido), quienes también se opusieron al retiro del Registro Civil en 2014, por esta acción también fueron detenidos ocho habitantes de Tehuacán que pedían lo mismo en ese municipio.

Además de Montes Bautista, nueve pobladores de Chalchihuapan enfrentan proceso y dos más del Consejo Democrático Magisterial Poblano por oponerse a la aplicación de la Reforma Educativa, así como 26 pobladores de Francisco Z Mena por exigir a Pemex obras de remozamiento que se había comprometió a realizar para el mejoramiento de carreteras.

Rita Amador, también en la lista

Entre las 92 órdenes de aprehensión liberadas o canceladas y perseguidos están 10 integrantes de la UPVA entre ellos su dirigente Rita Amador López, siete a alumnos de la BUAP acusados de atentados al INE y una estación de RUTA en 2015, 10 más por oponerse al Parque de las Siete Culturas de Cholula, 11 contra personas del Movimiento para la Defensa del Agua y Recursos Naturales de Ocotepec.

Así como 29 contra habitantes que defendían la ocupación de terrenos federales ubicados en la colonia Ampliación Xilotzoni, en la carretera Puebla-Tlaxcala, 14 contra integrantes de la Organización Tutunaku en Defensa del Territorio de los Pueblos por oponerse a la Hidroeléctrica en la zona Nahua y Totonaca y uno más de magisterio y 10 más contra opositores al Gasoducto.

Cabe mencionar que de las 242 personas presas, procesados o perseguidas durante este sexenio por oponerse a proyectos o políticas gubernamentales, se suman 17 campesinos indígenas de fueron apresados con extrema violencia por defender sus tierras en San Andrés Azumiatla en 2009 cuando estaba como mandatario Mario Marín Torres y que continúan con esa situación legal, por lo que la cifra aumentaría a 259.