Por: Octavio Torres
El Comité para la Libertad de los Presos Políticos presentó el primer contrainforme por los cinco años del gobierno de Rafael Moreno Valle; el cual se enfoca a activistas presos y perseguidos, siendo 17 confinados; 148 procesados y a 48 buscan detener.
Este domingo, la organización presentó en el Parque 68 del bulevar Xonaca, un balance de lo que consideraron una postura intolerante, insensible y lasciva por parte de la administración estatal hacía los ciudadanos que han manifestado su oposición a las acciones impuestas.
Previo al quinto informe de Moreno Valle, que se realizará el 15 de enero, los integrantes de la agrupación no gubernamental detallaron los casos recabados sobre violaciones a derechos humanos en Puebla por parte de las autoridades.
Mencionaron que quienes han sido detenidos o perseguidos lo fueron por participar en diversos hechos de oposición a proyectos gubernamentales como el gasoducto, desarrollos mineros, el parque temático de Cholula, entre otros.
Tal situación, dice la organización, refleja “una clara política de exterminio a través de la degradación del medio ambiente y por tanto de los recursos que de ella se obtienen, siendo el único sustento de vida de indígenas y campesinos”.
Las acusaciones hechas por el gobierno del estado a los diversos procesados y perseguidos, refiere el contrainforme, van desde el robo de celular, hasta cargos graves como los de conspiración, motín y tráfico de estupefacientes, por los cuales se pueden alcanzar penas de hasta 70 años de prisión.
Asimismo, indicaron que a la fecha hay siete personas fallecidas que estuvieron involucradas en casos –que llamaron- de persecución política. Resaltan el caso del señor Delfino Flores Melga, nonagenario que murió encarcelado después de ser detenido por defender su predio contra la construcción del gasoducto Morelos.
Ante ello el Comité sentencia: “Es claro que predomina una política que promueve el desarraigo forzado a la tierra, a los bienes comunales y al patrimonio individual y cultural, hecho que las comunidades siguen resistiendo, como ha ocurrido en la sierra norte a través de la obstrucción a los proyectos mineros, la fractura hidráulica y la instalación de termoeléctricas”.
Existen más casos de hostigamiento, daño y persecución a ciudadanos
El informe detalló que además de las personas fallecidas y las encarceladas, hay personas que durante las protestas han sido dañadas severamente en su persona:
“Es importante señalar a Hugo Jiménez Varela, quien perdió un ojo, Martín Romero Montes quien perdió parte de la mandíbula, la lengua y por tanto el habla, Gilberto Varela quien perdió sensibilidad en una mano, Vicente Tecalero quien perdió audición, al igual que Filemón Pacio, y por último Juan Xelhua Ocotl, quien perdió parte de la vista”, refirió la organización sobre el caso Chalchihuapan.
Por otro lado, denunciaron acciones de hostigamiento, robo de información y violaciones de diverso tipo en contra de académicos, estudiantes, periodistas y activistas de todo tipo. Esto ha sido documentado y contabilizado por la sociedad civil y los hechos datan del inicio del gobierno morenovallista a la fecha.
En el también llamado contrainforme hace mención especial sobre los 22 estudiantes que –denunciaron- han sufrido detenciones, violaciones a sus derechos humanos, levantamientos y acusaciones infundadas, ello como consecuencia de mantener una postura crítica tanto al gobierno federal como al estatal.
Para concluir, el comité enfatizó que “si el hostigamiento y la violenta criminalización de la protesta social se presenta como solución, Rafael Moreno Valle deja claro que las causas sociales a las cuales aluden los diferentes tipos de protesta individual o comunal no solo no serán resueltas, ni siquiera serán escuchadas, a cambio, caerá todo el peso de la ley para quien disienta y se manifieste”
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