Fermín Alejandro García/Cuitlatlán/La Jornada de Oriente
La exigencia de varios líderes priistas de que el próximo candidato del PRI a la gubernatura sea electo mediante una consulta a las bases, a los militantes, está creciendo y podría tomar forma por la necesidad de encontrar alternativas que le permita al tricolor recuperar la competitividad electoral. Sin embargo esa propuesta resulta ser un falso debate, pues lo que requiere este partido con urgencia, si quiere realmente diputar la gubernatura en el año 2018, es convertirse en una verdadera fuerza opositora y dejar a un lado su descarado colaboracionismo con el morenovallismo.
La estrepitosa derrota del PRI el pasado 5 de junio se debió, principalmente, a que el PRI poblano durante cinco años fue cómplice de los atropellos del gobernador Rafael Moreno Valle, y solo durante los dos meses de la pasada campaña, y otro mes y medio en el proceso electoral de 2015, se mostró como una fuerza crítica de los abusos y anomalías del grupo morenovallista.
De esta manera se constata esa condición:
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha desplegado –en la dos últimas semanas– todas sus baterías políticas para denunciar e intentar frenar las reformas que los gobernadores Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua y Roberto Borge de Quintana Roo están impulsando para nombrar a servidores públicos claves, que son de sus grupos políticos, para que se queden a protegerles las espaldas cuando dejen el poder. Eso mismo hizo Moreno Valle entre los años 2012 y 2015, con un pequeño detalle: el PRI fue su principal colaborador para concretar dicho modelo de impunidad.
A finales del año pasado los priistas poblanos, con el pretexto de que era una tendencia nacional, avalaron la desaparición de la Procuraduría General de Justicia para convertirse en Fiscalía General del estado, cuyo titular Víctor Carrancá Bourget, se le nombró para seguir al frente por los próximos siete años.
Se podía avalar el cambio de instituciones, pero no la permanencia de Carrancá quien ha sido el artífice de la persecución de docenas de presos políticos, incluidos políticos del PRI y el PAN. Hace dos años se exhibió que el funcionario mintió en el caso Chalchihuapan al presentar un peritaje para acusar a los pobladores de esa comunidad de haber matado al niño de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo, versión que echó abajo la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Carrancá ha politizado la justicia y en su actuar no da resultados positivos en contra de la criminalidad. Por lo menos no los ha dado para esclarecer los homicidios de dos militantes priistas asesinados en la efervescencia del pasado proceso electoral federal. Y pese a ello, los diputados locales del PRI no mostraron el más mínimo asomo de oposición para darle permanencia a este oscuro personaje.
También enmudecieron en 2012 cuando se determinó que David Villanueva, un morenovallista y yerno del ex gobernador Melquiades Morales, se le dé la posibilidad de estar en el cargo de auditor general del estado hasta el año 2026.
No importó que Villanueva ha sido el “garrote” –a través de la revisión de las cuentas públicas– para presionar, golpear, acosar, a los alcaldes priistas que se niegan a colaborar con el grupo morenovallista.
La misma complacencia tuvo el PRI con la extensión del cargo de Adolfo López Badillo, el ombudsman, quien podría estar en el puesto hasta el año 2024. Los priistas no revisaron que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos cumple con la función de ser omiso ante las constantes violaciones a los derechos humanos en el estado.
Mucho menos el PRI movió un dedo contra los nombramientos de magistrados del Poder Judicial, que son afines al morenovallismo, como es el caso del panista y yunquista Roberto Grajales Espina, quien llegó a esa responsabilidad sin tener carrera en el ámbito judicial.
Con todos los anteriores nombramientos, Rafael Moreno Valle Rosas garantizó un blindaje para impedir que lo toquen una vez que concluya su sexenio.
Otro dato más:
En 2013 el PAN logró arrasar en las elecciones intermedias con la fórmula de candidaturas comunes, la cual le permitió que se le unieran otras fuerzas políticas en los municipios y distritos que le convenía.
Cuando César Camacho era presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en una ocasión le reclamó con coraje, con mucho enfado, a un legislador local por no haber peleado en el Congreso local evitar esa fórmula de candidaturas comunes y no haber advertido que era una poderosa arma electoral contra el PRI.
A lo cual el diputado le respondió: la reforma electoral, con las candidaturas comunes, se aprobó luego de que Fernando Morales Martínez, cuando era presidente del PRI en el estado, citó a los legisladores locales priistas en el hotel NH, del Centro Histórico, y ahí les comunicó que por órdenes del CEN tricolor se tenía que votar a favor de todas las iniciativas que presentara el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
A quien no lo hiciera, habría advertido Morales dando manotazos en la mesa y lanzando todo tipo de improperios, “le romperían la madre” desde el CEN del PRI.
Al escuchar esa respuesta, César Camacho enmudeció. Así siempre enmudece el PRI poblano. Por eso ha perdido las elecciones.Y las va a seguir perdiendo.
Para mayor información:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/07/07/el-pri-no-necesita-la-consulta-a-las-bases-sino-ser-un-partido-de-oposicion/