Puebla, lugar 7 en desaparición de mujeres; en 4 años 333: CIDH

De 2011 a abril de 2015, Puebla registró 333 desapariciones de mujeres en el fuero común, siendo el séptimo estado con mayor incidencia en esta problemática, los casos de la entidad representaron el 4.7 por ciento de los  7 mil 60 hechos ocurridos en el país.

Lo anterior de acuerdo con el informe “Situación de derechos humanos en México” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aborda las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

Superando a Puebla quedaron Tamaulipas, con mil 170 extraviadas; Estado de México, con mil 7; Baja California, con 579; Nuevo León, con 549; Coahuila, con 412 y Guanajuato, con 367.

En contraste, están entidades que en ese periodo no reportaron ni 30 casos, por ejemplo, Baja California (2), Tlaxcala (7), San Luis Potosí (12), Chiapas (19), Colima (21) y Yucatán (24).

Puebla, con un caso del fuero federal

Con datos actualizados de 2011 a junio de 2015, respecto a las desapariciones de féminas clasificadas como del fuero federal (averiguaciones previas iniciadas por la PGR), el documento indicó que serían 125.

En casos de desapariciones forzadas atraídas por la PGR, Puebla reportó un solo caso, en tanto, Guerreo encabezó la lista con 33, seguido de Veracruz (17), Estado de México (16), Tamaulipas (15), Ciudad de México (14), Chihuahua (4).

Con tres averiguaciones previas estuvieron Morelos, Hidalgo y Tlaxcala, en tanto Coahuila y Nuevo León acumularon cada uno 2 y finalmente, al igual que Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Baja California, Guanajuato y Tabasco presentaron un caso.

Megaproyectos y violencia

En otro tema, el informe señaló que en el contexto de megaproyectos ha resultado en asesinatos, ejecuciones, hostigamiento y amenazas en contra de personas indígenas en muchos estados del país.

De manera específica la CIDH tuvo conocimiento de detenciones de líderes indígenas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua y Puebla, en relación con sus actividades en oposición a distintos megaproyectos.

La comisión criticó que cuando se trata de violencia en territorios o comunidades indígenas donde se ubican grandes proyectos, el común denominador es el otorgamiento de permisos o concesiones sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, lo que suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas.