De 2014 a la fecha, en México suman 187 casos de violencia política de género, de los cuales 15 fueron resueltos a favor de las víctimas, pero los culpables no han recibido sanción; en lo que va del año, Puebla acumula cinco casos, todos sin resolver.
Así lo señaló Paola Soto Maldonado, directora de Participación Política y Social del Inmujeres, quien en su visita a Puebla condenó que en la entidad sea “tan notable y persistente” la violencia contra las féminas en todos los aspectos: política, económica, psicológica y física, en referencia a los feminicidios.
En el conversatorio sobre violencia política de género, realizado durante el foro “Decisiones de Debate”, este viernes en la Universidad Anáhuac, lamentó que a pesar de que la quincena de resoluciones emitidas por la sala superior del Tepjf fueron a favor de las denunciantes, en ninguno se ha procedido contra los culpables.
De igual forma, reprochó la dilación por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos electorales (Fepade) en los 172 casos restantes, donde no ha habido avances para emitir una sentencia.
Esto, debido a que no existe un marco jurídico sólido que precise sanciones contra la violencia política, que –enfatizó- va desde frenar la participación de las mujeres hasta obstaculizar la ejecución de un cargo cuando ya se encuentra en él.
Partidos minimizan participación femenina
Explicó que la violencia se da desde el momento en que en los partidos políticos se elige como líderes sólo a hombres y a las mujeres se les limita a ser “observadoras”.
Luego, al momento de elegir precandidatos, dijo que es muy común que se imponga la figura masculina, pues es una consecuencia de haber ocupado cargos partidistas, mientras que a las féminas con aspiraciones se les minimiza o, en caso de que se les permita participar, no son apoyadas por el partido político o sufren otros tipos de violencia.
La más común es la sexual, pues refirió que para ascender en la política –y en lo laboral- en muchas ocasiones las mujeres son acosadas o presionadas sexualmente, y quienes se resisten o denuncian reciben represalias.
Mujeres son acosadas por obtener cargos
María Guadalupe Silva Rojas, magistrada de la cuarta sala regional del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (Tepjf), agregó que aun cuando las mujeres obtienen un cargo, siguen siendo acosadas o señaladas de que lo obtuvieron “por medio de su cuerpo” y no por sus habilidades, capacidades y conocimiento.
Lamentó que todo esto sea muy común en todas las instancias del sector público, al igual que en el privado, pero es invisibilizado por la sociedad.
Advirtió que hay ocasiones en que las propias mujeres no saben que están siendo violentadas, pues todos los actos en su contra son vistos como “comunes”, aunque no lo sean y atenten contra su integridad.
“Desde que te ocultan información, te restringen el acceso a lugares, te cierran la oficina, te excluyen de reuniones, censuran tus opiniones, ponen en duda tu capacidad intelectual, cuestionan tus opiniones o las desdeñan e imponen las de ellos, todo eso es violencia política y de género”, aseveró.
Puebla, ejemplo de exclusión política
Refirió que incluso en los nombramientos y designaciones se presenta el problema, como en el caso de Puebla, donde en la elección del año pasado se llamó a votar por “gobernador” cuando había tres candidatas mujeres y dos hombres.
Por este motivo, recordó que las aspirantes priista Blanca Alcalá Ruiz y la independiente Ana Teresa Orozco presentaron sus denuncias contra la propaganda del Instituto Electoral del Estado (IEE), por considerar que promovía el voto por una figura masculina e invisibilizaba a las mujeres.
Al final –dijo- las resoluciones fueron favorables a las denunciantes y se modificaron los anuncios para que utilizaran un lenguaje incluyente; sin embargo, lamentó que las sentencias hayan sido por discriminación y no por violencia política de género.
Con esto, denunció que las instancias como el Tepjf insisten en “ignorar que la violencia política existe, pues reniegan de llamar al problema con su nombre y lo desvían a un tema de discriminación”.
“Se requiere concientización, información tanto a hombres como mujeres. Si queremos una sociedad incluyente necesitamos formar instituciones incluyentes. La participación política de la mujer es un derecho, no una dádiva”, sentenció.