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Andrés Manuel y Maduro

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que hubo un tiempo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al responder por qué el cambio de posición de su gobierno con respecto al de Nicolás Maduro en Venezuela, que se perdió una política exterior basada en la no intervención, cuando se secundaron “decisiones tomadas en otras latitudes y por otras causas”. Tiene razón. Sin ser potencia militar o económica, la política principista de México le dio autoridad moral y respeto en el concierto mundial, que se fue desvaneciendo cuando el presidente Carlos Salinas abandonó el multilateralismo como eje de la política exterior y logró la membrecía en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el llamado “club de los ricos”, en París, con lo que perdió influencia y poder dentro de América Latina, que volvió a ser unipolar con su histórico rival regional, Brasil.

Salinas alineó a México con Estados Unidos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuya relación fue evolucionando de los temas económicos a los políticos y de seguridad que llevaron, en el extremo, a que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, dentro del Grupo de Lima, la Cancillería fuera instrumental en el estrangulamiento político de Maduro. El fuerte deterioro socioeconómico en Venezuela y la manipulación de los instrumentos democráticos para instaurar un régimen autoritario, provocaron un creciente aislamiento de Maduro, al cual se sumó México de una manera proactiva, como nunca antes se había visto. Pero se perdió forma y fondo por servir a los intereses, del presidente Donald Trump y Estados Unidos. El trabajo sucio, lo haría México.

López Obrador cambió radicalmente la postura al ofrecer a México como mediador en la crisis venezolana y no como ariete contra Maduro, precisando este lunes que no lo hacía por simpatía, sino en acato de una política de no intervención. Se puede argumentar, aunque no lo exprese él abiertamente, que también obedece a una empatía ideológica, al existir un choque frontal entre gobiernos de izquierda y progresistas, contra conservadores, como lo fueron los últimos cinco gobiernos mexicanos. Pero hay una variable adicional que quizás López Obrador no está contemplando, que le da fortaleza a su posición, y que durante la administración de Peña Nieto se dio como un acto de ambivalencia e hipocresía. ¿Por qué promovió la intervención extranjera en Venezuela y rechazó la intervención extranjera en México? Visto en este plano, las dos posiciones son incompatibles por incongruentes.

El gobierno de Peña Nieto se opuso de manera sistemática a la injerencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a que se involucrara en el tema de las desapariciones forzadas y de las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas. Las recomendaciones formuladas durante el último Examen Periódico Universal fueron rechazadas. Peña Nieto hizo bien. Abrir la puerta a la ONU habría sido allanar el camino para, como sucedió en 2012 con el gobierno de Guatemala, acordar con esa organización crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en esa nación. La comisión se adentró rápidamente en rutas paralelas, e investigó la corrupción en el sistema aduanero, que produjo la captura del presidente Otto Pérez Molina, en 2015, acusado de encabezar la organización criminal que llevó a cabo esos actos.

En una entrevista con la agencia rusa Novosti, en agosto de ese año, Michael Mörth, uno de los artífices de la comisión, dijo que cuando fue concebida, “siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay Estado de derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras”. La tentación de presionar a México para que acepte una comisión a imagen y semejanza de la guatemalteca ha rondado en círculos internacionales desde hace varios años, y varios expertos y políticos mexicanos, tomando a Guatemala como un ejemplo, sugirieron que podría ser una buena solución en México.

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Para combatir el huachicoleo

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que según los expertos en seguridad pública, el robo y la venta ilegal de combustibles es ya el segundo negocio más rentable del crimen organizado en México después de la exportación de drogas a Estados Unidos. Por un lado, el riesgo de ser capturado es mínimo y, por el otro, los márgenes de utilidad, enormes. Es un negocio redondo para el crimen organizado.

El huachicoleo se explica por un Estado débil con instituciones incapaces de combatir los actos delictivos y, de manera concomitante, la presencia de poderosos grupos del crimen organizado con gran capacidad de corromper a funcionarios gubernamentales.

En México, el muchico comenzó como una operación casera de pequeñas bandas delincuenciales. Pronto, los grandes grupos del crimen organizado se dieron cuenta de la enorme oportunidad de este negocio. Los Zetas, aprovechando su presencia en Tamaulipas y Nuevo León, fueron de los primeros en entrar al negocio durante el sexenio de Calderón. Luego, ya con Peña, el cártel que más creció en ese sexenio, el Jalisco Nueva Generación, se involucró de lleno en esta lucrativa actividad criminal.

Celebro que el nuevo gobierno de López Obrador quiera combatir frontalmente este delito que ha crecido exponencialmente, fortalecido a los grupos del crimen organizado y corrompido a tantos funcionarios. No tiene, para tal efecto, que descubrir el hilo negro. Simple y sencillamente, debe aprender de lo que hizo Colombia para resolver este terrible problema.

Replicar la solución colombiana ni es ni puede ser ni automática ni sencilla. La realidad es que somos países diferentes. Sospecho que aquí el problema ya es mayor a lo que tuvieron algún día los colombianos. También creo que nuestros grupos delincuenciales son más poderosos, amén de que allá tienen una Policía Nacional militarizada con mejores capacidades de inteligencia y operación. Pero algo tiene que hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, si los colombianos pudieron, también nosotros deberíamos poder.

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“Cuando digo esto va, ¡esto va! Me canso, ganso”

Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que les cuento que el farol de la calle no ilumina la oscuridad de la casa

Florestán

En el correr de las últimas dos semanas, cuarta y quinta de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha padecido una serie de problemas cuya mayoría ha quedado sin otra respuesta que la retórica acompañada, a veces, de descalificaciones

Han sido estos primeros 38 días, un choque con la realidad del líder social de oposición y la del Presidente de la República, dos escenarios completamente diferentes de los que hace uno cuando le es necesario ya desde el Salón Tesorería en sus mañaneras, ya en la plaza pública, escenario de sus éxitos.

En este regreso intentaré hacer una relación de esos conflictos, que, insisto, entre sus seguidores no le han quitado ni una pluma a su sombrero.

a) El no asistir a los funerales de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, su marido, el coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, y tres personas más, muertos al caer el helicóptero que los traía a la Ciudad de México, el 24 de diciembre. Antes, había tachado el fallo del Tribunal Electoral que le dio el triunfo a la panista de injusto y antidemocrático, y anunciaba que no visitaría ese estado. Sobre su ausencia en las ceremonias fúnebres, culpó al ambiente que grupos neofascistas, los conservadores de siempre, crearon en redes sociales para responsabilizar del accidente a su gobierno, lo que no convenció a quienes pensaban diferente y los descalificó. Son tiempos de canallas, agregó.

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El representante de AMLO con Maduro

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que en medio de la decisión de no acompañar la declaración del Grupo de Lima, que no reconoce la legitimidad del nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá un representante en la toma de posesión del venezolano. Nos dicen que el encargado de negocios de la embajada de México en Venezuela, Juan Manuel Nungaray, estará presente en la toma de posesión del 10 de enero. Don Juan Manuel está al frente de la representación mexicana en Caracas, después de que el gobierno mexicano retiró en mayo de 2018 a su embajadora, Eréndira Paz, a quien llamó a consultas luego de las elecciones presidenciales que en ese entonces consideró no legítimas. Pero la historia cambió con la victoria electoral de AMLO. El canciller Marcelo Ebrard dijo este lunes que la política exterior mexicana será aquella que respete la autodeterminación de los pueblos y vele por los derechos humanos y el respeto a los países. Claro, nos hacen notar, en referencia al caso venezolano.

El misterio de la corrupción en el NAIM

Nos aseguran que el “reporte confidencial” de la investigación realizada por la Policía Federal en la que se detectan presuntos actos de corrupción, posibles delitos graves y un desvío por 17 mil millones de pesos en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, y cuyo contenido publicó ayer EL UNIVERSAL, es una copia exacta del que le fue entregado al Presidente de la República hace ya varias semanas. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción de que el caso fuera investigado. Pero varias preguntas brincan de inmediato. ¿El mandatario no había leído el informe y por lo tanto no había ordenado ya una investigación? ¿El presidente no leyó el documento y lo pasó a alguien más para que le diera seguimiento? Si lo turnó a alguien más, ¿no le había informado nada? ¿Aplicaron el borrón y cuenta nueva? Un misterio que seguramente se resolverá, pues existe la promesa de barrer la corrupción de arriba hacia abajo.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que acaso desde el 10 de enero de 1989, cuando fue detenido Joaquín Hernández Galicia, no había un operativo militar nacional para resguardar las oficinas, terminales y refinerías de Petróleos Mexicanos como el desplegado ayer para apuntalar la estrategia contra el robo de combustible, una vez que el remedio desembocó en el retraso en la distribución y el consecuente desabasto en varias regiones.

En aquella fecha, conocida la aprehensión del poderoso dirigente, el sindicato petrolero intentó un paro en los centros laborales, como en las instalaciones de Marina Nacional en la capital, pero los soldados no permitían que más detres o cuatro personas se reunieran en los patios y los instaban a volver a las oficinas.

Faltan dos días para que se cumplan 30 años.

QUE al iniciar hoy las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, la pregunta es cuál de las bancadas de oposición aportará el puñado de votos que le falta a la coalición del presidente Andrés Manuel López Obrador para aprobar la reforma constitucional.

Con sus 314 legisladores y el respaldo público de los 11 diputados del PVEM, el bloque Morena-PES-PT estaría a solo nueve sufragios de la mayoría calificada de dos terceras partes en San Lázaro, por lo que las miradas están puestas principalmente sobre priistas y perredistas, que finalmente avalarían la controvertida iniciativa.

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