Ejidatarios de municipios del Valle de Tehuacán exigirán a los presidentes municipales revocar los permisos de uso de suelo al parque eólico PIER IV, pues sostienen que la empresa que lo construye no cumple con los acuerdos y afecta el ecosistema.
Así lo acordaron este domingo, en el marco del foro regional “En defensa del Valle de Tehuacán y la Sierra Negra”, celebrado en Chapulco, donde más de quince organizaciones, encabezadas por el Colectivo Hermanos Serdán, firmaron con comunidades la “Declaración de Chapulco”.
Este documento busca definir las exigencias y objetivos de los pueblos que, en dichas zonas, se oponen tanto al parque eólico como a otros “proyectos de muerte” relacionados a la explotación minera y acuífera.
Y es que, de acuerdo con las organizaciones y comunidades inconformes, Impulsora Latinoamericana de Energía Renovable (ILER), en asociación con Iberdrola, y autoridades violaron el derecho a una consulta previa, libre e informada al “imponer” dicho proyecto.
Este complejo de energía eólica, licitado en 2015 y con vigencia 50 años, es el segundo PIER instalado en Puebla, y abarcará cerca de 2 mil hectáreas de terrenos, en Cañada Morelos, Chapulco y Palmar de Bravo.
Acusan irregularidades y daños
En este sentido, han señalado que los permisos para la instalación del Parque Eólico Industrial de Energía Renovable (PIER IV) se concretaron a través de acuerdos con los gobiernos estatal y municipal, sin consultar ni informar previamente a la población, lo cual ha generado “conflicto social”.
Asimismo, han reclamado que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se realizó sin principios de legalidad.
Acusaron que este documento no expone los daños importantes de PIER IV a flora y fauna, pese que se trata de una zona de cactáceas y que limita con la biósfera Tehuacán-Cuicatlán.
En cuanto a los acuerdos, mencionaron que PIER no ha respetado las cláusulas del contrato de arrendamiento, que establecen cuotas por cada aerogenerador, uso de suelo y superficie afectada, por lo cual la empresa paga entre tres y cuatro pesos a los ejidatarios y comunidades.