La lista de aspirantes al gobierno interino de Puebla aumentó a 12 luego de que se postularan los excandidatos a la gubernatura, Abraham Quiroz Palacios, a la alcaldía capitalina, Paola Migoya Velázquez, y el magistrado del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez.
Mediante un comunicado, el Congreso local dio a conocer que también recibió los documentos de intención oficial para el cargo por parte del docente Humberto Morales Moreno y del empresario poblano y excandidato independiente Ricardo Villa Escalera.
Así como de la abogada Marcia Luz García Fernández de Lara García; el exrector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y exaspirante a la candidatura independiente, Enrique Cárdenas Sánchez; y el exedil panista Gabriel María Hinojosa Rivero.
Además, de la regidora emanada por Morena, Rosa Márquez Cabrera, los priistas José Marún Doger y Corte, exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y Guillermo Pacheco Pulido, quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el sexenio de Mario Marín Torres y alcalde de 1987 al 1990, así como Felipe Soriano Sánchez, expanista de la corriente humanista “Manuel Gómez Morín” y ahora militante de Morena.
Congreso mantendrá institucionalidad
El Congreso del estado afirmó que mantendrá la institucionalidad en el análisis de los perfiles de las personas que aspiran al cargo de gobernador interino y que, de acuerdo con la Junta de Gobierno y Coordinación Política, los legisladores “deberán ser cuidadosos al mencionar nombres para no generar incertidumbre entre los interesados ni caer en el terreno de la especulación”.
Cabe recordar que las constituciones federal y del estado de Puebla impiden aspirar a este cargo al exgobernador Antonio Gali Fayad y los diputados locales Gabriel Biestro Medinilla, Héctor Alonso Granados, de Morena; y Gerardo Islas Maldonado, de Nueva Alianza (NA).
Aunado a esto, las bancadas del PAN, PRI y PT en el Congreso del estado coincidieron en que el gobierno interino será encabezado por un perfil ciudadano y no por alguien emanado de los partidos políticos, para garantizar la imparcialidad en el proceso electoral extraordinario.