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Juez federal ordena revisar prisión domiciliaria para Rosario Robles

FGR pide 21 años de prisión contra Rosario Robles
Juez federal ordena revisar prisión domiciliaria para Rosario Robles. Foto: EFE/ archivo

Un juez federal concedió un amparo a Rosario Robles, extitular de la Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) después de que el juez de control le negó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por  arraigo domiciliario.

El Juez Tercero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Augusto Octavio Mejía Ojeda consideró que los derechos de Robles fueron violentados, al volverse a aprobar la resolución de prisión preventiva automática, sin tener en cuenta otras medidas cautelares como prisión domiciliaria. 

El Juez Mejía argumenta que otro motivo para conceder el amparo a la exfuncionaria es que tampoco se analizó a profundidad la presunta capacidad económica de la imputada y sus familiares como un elemento para justificar el riesgo de fuga.

“Tales inconsistencias impidieron al Juez de Control, determinar de manera fundada y motivada si, en el caso, procedía la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria”, concluye la sentencia.

El amparo no obliga al Juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos a modificar esta resolución, por lo que podría volver a negarle el arraigo domiciliario. 

Por su parte, Villar Ceballos tendrá que volver a fundamentar su decisión de prisión preventiva, debido a la “inconsistencia” que alega la defensa, en relación a la existencia de varios domicilios de Rosario Robles que podrían representar riesgo de fuga.

A su vez, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que ha encontrado documentos que acreditan que la imputada cuenta con dos inmuebles distintos al domicilio que su defensa  había señalado para tratar de acreditar su residencia en la ciudad de México.

Rosario Robles fue detenida desde agosto de 2019 por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, derivado de un presunto desvío de 5 mil millones de pesos a través de empresas fantasmas y universidades públicas, en el caso conocido como “La Estafa Maestra”.

LPR

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