Entre 2018 y 2019, 15 entidades perdieron recursos federales para temas de seguridad pública, fue el caso de Puebla, Baja California, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Mientras que para 2020; a esas entidades se les sumaron Ciudad de México; Nuevo León y Quintana Roo, así lo informó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en su estudio Gasto Público en Seguridad 2019 y 2021.
Once de las 18 entidades que vieron disminuir sus participaciones en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en 2020 con respecto a 2018 registraron incremento en máximo dos delitos como homicidio doloso; feminicidio, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículo y robo a transeúnte, entre ellos, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán.
El estudio indicó que aunque los niveles de inseguridad e incidencia delictiva se deben a múltiples factores, en el ámbito de las entidades federativas queda claro que no hay una asociación clara entre mayores recursos del FASP y mejor desempeño en materia de seguridad pública.
Según el reporte, en cuanto a las aportaciones federales destinadas a seguridad pública, los recursos presupuestarios consignados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), sobresale el escaso cambio en los años recientes, entre 2019 y 2020 apenas se incrementó en 0.6 por ciento y entre 2019 y 2021 se espera un decremento de 0.04 por ciento.
De esta forma, en 2021 se ejercerán 7 mil 696 millones de pesos, cifra no muy lejana de los 7 mil 656 millones de pesos ejercidos en 2019.