El Congreso de Puebla afirmó que acatará la resolución de la SCJN, que invalidó nueve artículos de la Ley de Educación estatal y le dio 18 meses para realizar una consulta a indígenas y personas con discapacidad; la legislación “se mantiene en buenos términos”, afirman.
Así lo informó la presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Cabrera Camacho, quien aclaró que la ley no se modifica en su totalidad, sino solo los artículos 46, 47 y 48 en materia de educación indígena y de personas con discapacidad, al tiempo de asegurar que la legislación “se mantiene, en su generalidad, en buenos términos”.
Y es que el pasado martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó los artículos 44 al 46 del capítulo VI “De la educación indígena” y los artículos 51 al 56 del capítulo VIII de “De la educación inclusiva’ contenidos en el Título Segundo de dicha ley.
Cabrera Camacho señaló que, para el desarrollo de las consultas ciudadanas habrá un trabajo de colaboración entre la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del Estado y el Instituto Poblano de los Pueblos indígenas del gobierno estatal.
Por otra parte, dio a conocer que el fallo no ha sido notificado de manera oficial al Congreso local, por lo que será después de ello cuando la resolución sea atendida para dar cumplimiento a la orden.
Oposición consideró ley “peligrosa”
La impugnación que dio pie a la invalidación de los artículos se dio desde el pasado 1 de julio de 2020, luego de que diputados de oposición interpusieron el recurso al señalar la nueva Ley de educación estatal como “peligrosa”, además de que no se llevaron a cabo ejercicios para incluir a la sociedad, como parlamentos abiertos ni se tomaron en cuenta opiniones de padres de familia o expertos.
La Ley de Educación estatal fue aprobada por mayoría el pasado 17 de mayo de 2020, en medio de señalamientos de limitar la capacidad de innovación en contenido, así como vulnerar la vocación de excelencia de la educación.
Por su parte, algunos consideraron que con la nueva legislación el Estado buscaba apropiarse de inmuebles de escuelas particulares, al contemplar que formen parte del Sistema Educativo Estatal, lo cual fue negado por expertos, que señalaron que por el hecho de formar parte de un servicio educativo que se integra al sistema mexicano no significa que los inmuebles serán del Estado.
En su momento, el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), José Baños Ardavín, señaló que la legislación fue realizada “a espaldas de la población, sin ningún espacio a la reflexión” que integrara a las instituciones educativas.
En tanto, académicos pidieron que la redacción de la ley fuera cambiada, pues era ambigua, aunque aplaudieron algunos puntos, como la supervisión y regulación de la educación privada, así como promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares.