El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reveló que, de 2002 a 2018, los 31 académicos de Conacyt imputados por la FGR, por delitos como delincuencia organizada, recibieron 471 millones de pesos para “gastos de operación”, como choferes, comidas y viajes.
En su conferencia de prensa matutina, explicó que mediante la asociación civil “Foro consultivo científico y tecnológico”, los investigadores recibieron 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología.
En tanto, dijo, los 471 millones de pesos para “gastos de operación” fueron usados en choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes en el extranjero, así como la adquisición de un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán con recursos que no justificó.
Asimismo, destacó que la asociación civil fue responsable de emitir un dictamen por el que se justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y la ampliación de las investigaciones relacionadas con el accidente en la mina Pasta de Conchos, en 2007, cuando era presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Los 31 académicos también participaban de manera determinante en la junta de gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en los órganos colegiados, además de controlar diversos procesos internos.
Pide combate a la corrupción “parejo” y no selectivo
El mandatario aseveró que se trataba de un grupo de privilegiados que se sienten perseguidos por no continuar con sus beneficios, por lo que cuestionó si la población quiere que el combate a la corrupción sea “selectivo o sea parejo” y alcance a las “élites” económicas y académicas.
Señaló que se tienen que investigar las imputaciones de la FGR y si hay corrupción castigar a los responsables: “¿por qué nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no son influyentes, tiene que acabarse la impunidad sea quien sea?”
Cabe mencionar que la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el Foro Consultivo funcionaba como una empresa privada financiada con dinero público, por lo cual sostuvo que sus exintegrantes incurrieron en delitos patrimoniales contra el erario e insistió en buscar su aprehensión.
Lo anterior, luego de que un juez, con sede en el penal federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, negó la solicitud de aprehensión por considerar que los investigadores actuaron en el marco del estatuto del Conacyt.