El Juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó embargar los bienes de la familia Jenkins, como garantía para devolver el patrimonio de la fundación Mary Street Jenkins, la cual está valuada en 720 millones de dólares.
El mandamiento judicial fue emitido el pasado martes, lo cual deriva de la demanda que presentó el pasado 12 de marzo la Junta para el Ciudadano de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, de acuerdo con fuentes.
Dicho recurso se tramitó luego de que la familia, que se constituyó como un patronato, en abril de 2014 firmó un contrato marco de donación registrado ante un notario de Jalisco, esto con el fin de trasladar sus bienes y recursos económicos a la Fundación Bienestar de Filantropía, asentada en Aguascalientes.
Sin embargo, después se trasladó a la isla de Barbados y posteriormente los recursos fueron movidos a la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano con sede en Panamá, hechos por lo que la familia Jenkins fue incluso acusada de lavado de dinero.
Por ello, la junta argumentó que dicho proceso no fue notificado, por lo que lo hizo sin autorización de este organismo y ante esto recurrió a la autoridad judicial para solicitar el embargo tanto de los bienes como de las cuentas bancarias de todos los integrantes de la familia.
El embargo deberá ser ejecutado a través del respectivo Juzgado Civil en Puebla, por lo que se solicitó al Instituto Registral y Catastral que no se modifique la lista de bienes que se tienen registrados, entre los que se encuentran la Universidad de las Américas de Puebla (Udlap), el Colegio Americano y los Clubes Alpha.
En marzo giraron órdenes de aprehensión
Es necesario precisar que, en 2016, Guillermo Jenkins de Landa, otrora patrono de la Fundación Mary Street Jenkins, denunció que el contrato de donación, llevado a cabo por su madre y sus hermanos, fue irregular, por lo que solicitó ante la junta investigarlo, ya que era un esquema de desfalco.
Tras estas acusaciones, a inicios de marzo pasado, un juez de control de Almoloya de Juárez giró órdenes de aprehensión en contra de seis miembros de la familia por lavar 14 mil millones de pesos, siendo los señalados los hermanos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como la madre de estos Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins.
Esto, tras la investigación hecha por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostró que los sospechosos despojaron a la fundación de dicho patrimonio, pese a que su creador, William Oscar Jenkins Biddle, la fundó en octubre de 1954 para realizar actos de beneficencia y otorgar becas a estudiantes.
Sobre el tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que en administraciones pasadas se solapó el desfalco, por lo que el litigio que se tiene entre los integrantes de esta familia exhibirá a los involucrados, entre los que hay incluso políticos y académicos.
