Con motivo de diversas denuncias, dadas a conocer a través de las redes sociales, en contra de docentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, específicamente de la Preparatoria Regional “Simón Bolívar” y de la Facultad de Artes Plásticas, por actos cometidos en contra de los derechos y de la dignidad de sus alumnas, consideré que era necesario reflexionar sobre el derecho constitucional a la libertad de expresión.
Sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos reconoce en su artículo sexto el derecho humano a la libertad de expresión, y esta libertad es para todos no solamente para los docentes, las autoridades o los funcionarios, sino para todo el alumnado y el personal administrativo.
Es el ejercicio de esta libertad de expresión un elemento constitutivo de la comunidad universitaria, y la herramienta que permite al universitario enfrentar el discurso discriminatorio, misógino, homófobo, racista y clasista.
La comunidad estudiantil reiteradamente ha denunciado esta conducta discriminatoria y no ha encontrado respuesta ni solución por parte de las autoridades universitarias. Todo lo contrario, sus acciones no han sido suficientes. Simplemente no han tomado las medidas necesarias para generar un genuino respeto a los derechos y libertades de las que deben gozar los universitarios, como lo señala el artículo 10 del Estatuto Orgánico: “I. Libertad de información, discusión y crítica. (…) IV. Condiciones de estudio y de trabajo que aseguren la adecuada realización de las tareas académicas de estudiantes, profesores e investigadores y las labores administrativas y técnicas de sus trabajadores.”
La tolerancia reprobable de los discursos discriminatorios ha logrado unificar a la comunidad universitaria que en un solo grito exige respeto a sus derechos. Si algo le ha dado identidad al universitario poblano es este rechazo al trato indigno recibido. Se ha levantado una voz unánime en contra de los abusos perpetrados por parte de personas sin escrúpulos que no saben de decencia ni de respeto por el prójimo.
Desgraciadamente este tipo de abusos se han cometido sistemáticamente en casi toda la universidad. Tan es así que, con motivo del paro estudiantil del 25 de febrero de 2020, las representaciones estudiantiles externaron una queja generalizada: el acoso, el hostigamiento y la violencia, especialmente en contra de las mujeres.
No estamos esperando un “castigo ejemplar”. No queremos que se use a las personas, incluidas las que recurren a los discursos discriminatorios. Lo que queremos es que las prácticas universitarias recuperen el ambiente de respeto perdido y que ni siquiera sea concebible que entre universitarios(as) el trato no sea solidario, considerado y respetuoso.
Es importante aclarar que la legislación universitaria prevé el derecho de audiencia para la persona a la que se le atribuye la comisión de una falta, lo que le da la oportunidad de ser tratada dignamente y no como un medio para conseguir con un “castigo ejemplar” la espectacularidad que no la justicia que se busca al denunciar los abusos cometidos.
Ya es tiempo de que las autoridades universitarias institucionalicen con efectividad los mecanismos de solución de los problemas y conflictos que aquejan a la comunidad universitaria, sobre todo si éstos se deben a la violencia de género, y de una vez por todas dejen de actuar arbitrariamente.
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