Una reforma al Código Civil de Puebla para retirar la patria potestad a los padres que cometan delitos contra sus hijos, pues la violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes es una problemática constante, planteó la diputada Nancy Jiménez Morales.
La legisladora panista presentó la iniciativa en la sesión de la Comisión Permanente del jueves, en el Congreso local, donde detalló que “es una constante” que los menores de edad sean víctimas también de descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual.
En el documento, detalla que la exposición a la violencia a una edad temprana puede perjudicar el desarrollo cerebral y dañar el sistema nervioso, endocrino, reproductivo, respiratorio e inmunológico.
De igual forma, hizo énfasis en que las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectadas.
Además de que en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se establece que las autoridades deben garantizar el derecho a la vida, la paz, la supervivencia y al desarrollo de este sector de la población.
“El interés superior de la niñez deberá ser considerado, de manera primordial, en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niñas, niños y adolescentes e, incluso, cuando se presenten diferentes interpretaciones”, se lee en el documento.
Violencia a niños, problema con muchas facetas
Jiménez Morales manifestó que la violencia contra los niños es un problema con múltiples facetas y causas a nivel individual, en las relaciones cercanas, en la comunidad y en la sociedad, así como permea en los procesos educativos y de convivencia diaria, por lo que puede presentarse en distintos entornos
Por ello, en la iniciativa que presentó planteó reformar las fracciones III y IV y adicionar la fracción V al artículo 627 del Código Civil.
Es de mencionar que, de acuerdo con el código, las causantes para quitar la patria potestad son por muerte de la persona que la ejerce, en caso de que no haya otra persona en quien recaiga, por emancipación, por llegar a la mayoría de edad o por violencia familiar reiterada.
