La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional la “Ley 3 de 3” para impedir que agresores sexuales, deudores alimentarios y culpables de violencia de género busquen cargos de elección popular, lo cual aplicará en los próximos comicios de 2024.
Lo anterior, luego de que 23 Congresos estatales, entre ellos Puebla, avalaron la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión en el servicio público. Ahora, la declaratoria se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
La llamada “Ley 3 de 3” establece la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener una sentencia por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
Asimismo, por violencia familiar, equiparada o doméstica y violación a la intimidad; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Debido a estos señalamientos, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Al respecto, la diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena, celebró la declaratoria de esta reforma, al señalar que forma parte de las acciones que la Cuarta Transformación emprende en favor de las mujeres, niñas y niños; sin embargo, reconoció que aún hay pendientes para lograr la igualdad sustantiva y saldar la deuda histórica con este género.
Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán, de Acción Nacional, destacó que la “Ley 3 de 3” representa “un nuevo rumbo para los servidores públicos”, porque nunca más habrá hombres violentadores, abusadores, acosadores o deudores alimentarios en los espacios de toma de decisiones.
Por el PRI, la diputada Carolina Viggiano Austria, aceptó que, si bien estas reformas son un gran paso para erradicar la violencia contra la mujer, no es suficiente, pues aún existe violencia institucional, como la que se presenta contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández.
Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, manifestó que con la legislación se da un gran paso; sin embargo, sostuvo que aún falta proteger a fondo a las mujeres, pues esta reforma sólo se circunscribe al ambiente político y no a la vida cotidiana, por lo que instó a revisar los temas del derecho a la libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo.
Entre aplausos, el presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta Mier, formuló la declaratoria y la turnó para su decreto, publicación y entrada en vigor.