El pasado 5 de marzo, destituyeron de la presidencia del Tribunal Superior Agrario (TSA) a Larisa Ortiz Quintero, primera mujer indígena poblana en presidirla. En su lugar colocaron a Claudia Dinorah Velázquez González, la cual estará tres años en el cargo.
De acuerdo con Ortiz Quintero, esto significó un golpe de estado pues no sólo fue a ella, sino a más de 20 personas del equipo de trabajo. Señaló que el argumento del Tribunal es que terminó su cargo, no obstante, ella asumió el cargo apenas el 15 de diciembre de 2023.
“Este hecho, perpetrado por otros integrantes del pleno del Tribunal, ha generado una profunda preocupación sobre el estado de la democracia y el respeto a las instituciones en el país”
Larisa Ortiz Quintero
La destitución se llevó a cabo sin respetar las normas y leyes constitucionales que regulan la transmisión institucional del poder. Lo que representa una clara violación al orden democrático.
Los involucrados en el hecho son el Secretario General de Acuerdo, Eugenio Armenta Ayala, quien dio “fe de la legalidad”. El titular de la Dirección Jurídica, Héctor Meléndez Govea, así como la misma titular del Órgano de Control Interno del TSA, Angelina Montiel Ornelas.
Larissa Ortiz señala que ellos ejecutaron la sesión extraordinaria administrativa el jueves 7 de marzo, para aprobar “urgentemente” el acta de sesión del 5 de marzo y con ello “allanar” sus oficinas, sin que previamente se le hubiera convocado para ello.
Los secretariados omitieron oficios que previamente presentó la ahora expresidenta, dónde avisó que por temas familiares y de fuerza mayor se ausentó los días 6 y 7 de marzo.
Larisa Ortiz denuncia cese de personal dado de alta en Hacienda
Además, denunció que las personas colocadas en los puestos vacantes carecen del perfil idóneo para ocuparlos. Lo que sugiere la intención de favorecer a “unos cuantos” en lugar de garantizar la eficiencia y la calidad en el desempeño de las funciones.
Además de la destitución de la afectada y su equipo, se ha reportado el cese de personal que había sido dado de alta recientemente, en violación a disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Estas personas se habían dado de alta el primero de marzo, último día para ello, según el oficio 411/UPCP/2024/0469, del 26 de febrero de 2024. El cual fue emitido por la SHCP, pues en adelante, se congelaría toda plaza vacante, a excepción de alguna situación extraordinaria.
“A dicho personal lo bajaron del sistema de recursos humanos y avisaron falsamente a la misma Secretaría de Hacienda, que dichos cargos nunca se habían dado de alta, cuando ya llevaban 5 días en el sistema y se encontraban laborando, obvio se les dijo que no se les pagaría nada”.
Larisa Ortiz Quintero
Estas acciones ilegales han sido ejecutadas de manera arbitraria y sin respetar los procedimientos establecidos. Lo que genera una seria preocupación sobre el respeto al Estado de Derecho en el país.
Ante esta situación, se espera una respuesta por parte de las autoridades competentes. Incluyendo la SHCP, ante la solicitud de una excepción a las disposiciones y dar de alta los cambios de plazas generados por estos actos inconstitucionales.
Es fundamental que se investiguen a fondo estos hechos y se tomen las medidas necesarias para restaurar el orden institucional. Para garantizar el respeto a la legalidad y los derechos de todos los involucrados.
