La elección popular de 9 de los 11 ministros que conforman la SCJN sería a partir de 10 candidatos propuestos por el Poder Judicial de la Federación (PJF), 10 por el Congreso y 10 por la presidenta de México, de aprobarse la reforma al Poder Judicial.
Así lo explico la ministra Lenia Batres Guadarrama en el foro ciudadano realizado esta tarde en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. Allí, resaltó que la reforma no modifica los requisitos técnicos ya establecidos para ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En ese sentido, explicó que actualmente el presidente de la nación es quien propone a los candidatos a ministros de la SCJN. En tanto que el Congreso de la Unión es quien aprueba a los ministros. Sin embargo, recordó que los magistrados son determinados directamente por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la cual encabeza la misma presidente del Poder Judicial.
Por ello, señaló que no es cierto que con la reforma puede “ser ministro quien sea” y que exista posibilidad de que “el narco elija a los ministros”. Pues, reiteró, los tres poderes propondrían a los candidatos y posteriormente, serán los ciudadanos los elegirían mediante el voto.
Se proponen exactamente los mismos requisitos, ser licenciado en Derecho, tener 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, no haber sido secretario de Estado, gobernador, legislador, en los últimos dos años, tener buena fama pública, bueno, son los mismos requisitos.
Lenia Batres Guadarrama
Para el caso de los magistrados y jueces del PJF, explicó la ministra Batres Guadarrama, que a partir de los foros que establezcan los legisladores, se determinará el mecanismo de elección. Por lo que invitó que sea en estos foros que se presenten las propuestas para el método de elección.
Elección de ministros y evitar excesos judicial en reforma al PJF: Batres
También explicó que el pleno de la Suprema Corte resuelve entre dos o tres casos a la semana, las cuales son públicas mediante diversos medios. Pero, en el caso de las salas de la SCJN, se discuten entre 50 y 80 temas a la semana, resuelven amparos importantes. Los cuales, destacó que no cumplen con la obligación de hacerse públicas.
Recordó como ejemplo que la segunda sala de la Suprema Corte invalidó la Ley de Industria Eléctrica que el pleno no había resuelto. Esto, al dar efectos generales a amparos brindados por casos específicos, lo que, explicó, incurre en un “exceso judicial”.