El Gobierno de México, a través de las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), impugnarán el fallo a favor del proyecto minero en Baja California Sur, el cual considera una indemnización de 37.1 millones de dólares para la compañía Odyssey Marine Exploration.
A través de un comunicado, el gobierno indica que desaprueba el fallo de un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Fue en 2016 y 2018, la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto minero de “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, por lo que la empresa Odyssey inició un arbitraje internacional en contra de México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La obra programada en el Golfo de Ulloa, en Baja California, entre cuyos socios se encontraban Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira, consistía en un dragado marino, con el fin de extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte.
En el proceso de arbitraje, México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas gris y azul, y lobos marinos, entre otros.
Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos.
Además, de que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo.
Las secretarías de Medio Ambiente y Economía informaron que el Tribunal dio un peso desproporcionado a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat presentados como testigos por parte de Odyssey.
Los exfuncionarios declararon que la negación de la MIA está basadas en situaciones políticas y no científicas.
La defensa de México demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal.
Debido a las serias deficiencias de la resolución, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes.
El Gobierno de México reitera que no permitirá el priorizar proyectos que favorezcan a grupos minoritarios en detrimento de los recursos naturales y defenderá en todo momento su soberanía por el bien de todas y todos los mexicanos.