Por la destitución en la presidencia del Tribunal Superior Agrario (TSA), Larisa Ortiz Quintero promovió un amparo.
El recurso legal 513/2024 lo admitió el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
Así lo señalaron el Observatorio Agrario, la Liga de Abogados 1 de diciembre, Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Red Nacional de Mujeres Agraristas.
Para Sergio Soto, de la Liga de Abogados 1 de Diciembre, el amparo que Ortiz Quintero promovió debe atraerlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Consideró que el Senado, autoridad que aprobó la designación de Ortiz Quintero, debe intervenir, porque el proceso con el concluyeron el periodo de la magistrada no es correcto.
Comentó que la magistrada Ortiz Quintero no renunció y que la convocatoria a la sesión en la que nombrarían a una nueva presidenta no es legal.
“No se le respetó su derecho de audiencia, no se respetó el principio de motivar y fundamentar su destitución como magistrada presidenta para el periodo diciembre 2023, diciembre 2026, ni tuvo el debido proceso legal, se le imposibilitó su derecho de defensa y de aportar pruebas; tampoco presentó su renuncia al cargo de magistrada presidenta, ni pidió licencia o se ausentó definitivamente para que se nombrará una nueva presidenta”.
Ortiz Quintero es la primera mujer indígena electa para la presidencia del Tribunal Superior Agrario; de origen poblano, tendría un periodo de 2023 a 2026.
Para Ortiz Quintero su destitución significó un golpe de estado y fue sin respetar las normas y leyes constitucionales, lo que representa una violación al orden democrático.
Los involucrados en la destitución son el Secretario General de Acuerdo, Eugenio Armenta Ayala, el titular de la Dirección Jurídica, Héctor Meléndez Govea.
Además de la titular del Órgano de Control Interno del TSA, Angelina Montiel Ornelas.
Ilegal, destitución de Ortiz
La destitución de Ortiz Quintero es ilegal y el acta de la designación de Claudia Dinorah Velázquez González en la presidencia no es pública, afirmó Nayar Emilio Paredes Nieto.
Como parte del Observatorio Agrario, refirió que las deliberaciones que tomaron en la sesión de 5 de marzo deben ser públicas.
“Es imprescindible que la magistrada electa como presidenta del Tribunal Agrario justifique la resolución que la llevaron (a aceptar la designación), eso le da dignidad a los tribunales agrarios, exigimos que las deliberaciones tiene que hacerse públicas”.