El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la determinación de juez Rodrigo de la Peza López de ordenar la incorporación de dos magistrados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), es porque obedece a “intereses facciosos”.
Antes de concluir la conferencia de este miércoles, el mandatario consideró que la posición que asumió el integrante del Poder Judicial es una “violación” a la Constitución y no es parte de sus facultades.
Sostuvo que al ordenar la integración de dos magistrados a la Sala Superior del Tepjf -institución que calificará la elección presidencial- obedece a intereses de grupo y no a los del pueblo.
Incluso, López Obrador refirió que el comportamiento y las resoluciones que emiten los integrantes del Poder Judicial se vuelven una “burla” y son “los verdugos del pueblo”.
“Ahora quieren hasta entrometerse en el Tribunal Electora, ¿qué es eso?, es una violación a la Constitución, no le corresponde (…) están al servicio de intereses facciosos y un juez no puede actuar de esa manera, no puede poner por delante el interés personal, de grupo, tiene que poner el interés general, del pueblo, de la nación, los tienen de empleados, encima de eso, como una burla hay que pagarles, 500, 600 mil pesos mensuales, del dinero del pueblo de México, para que sean los verdugos del pueblo”.
Juez ordenó integrar a dos magistrados
El jueves pasado, el juez De la Peza López dio un plazo de 24 horas para que el Tepjf designar a dos integrantes más en la Sala Superior.
Ante ello, la Secretaría de Gobernación anunció la presentación de un juicio político en contra de De la Peza, juez noveno de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, por la presunta violación a la Constitución.
A la par, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tepjf, Mónica Soto Fregoso señaló que el juez De la Peza López era “incompetente” para imponer medidas cautelares.
La magistrada Soto Fregoso señaló que la integración del pleno de la Sala Superior es materia electoral, por lo que las medidas cautelares consideradas por el juez fueron “injustificadas y excesivas”.