Larisa Ortiz Quintero, magistrada unitaria del Tribunal Superior Agrario, señaló que estos órganos son importantes porque deciden entre la privatización y no de la tierra social en el país, pues actualmente se tienen 32 mil núcleos, entre ejidales y comunales.
En entrevista con Ángulo 7 Radio, comentó que actualmente hay 56 tribunales, los cuales fueron creados en 1992 con una reforma de Carlos Salinas de Gortari, con una visión de ejercer dominio pleno sobre la tierra y que la gente tuviera certeza jurídica. Aunque, consideró la magistrada, que se debe revalorizar la tierra social, pero para eso se requiere de una política agraria adecuada.
“Se juegan millones de pesos en los tribunales agrarios”, porque hay empresas inmobiliarias que quieren extender sus fraccionamientos, sobre todo cerca de las ciudades o en áreas turísticas.
Larisa Ortiz Quintero
Dijo que, al existir una gran diversidad cultural y biológica, con flora, fauna y fuentes de agua, genera una lucha por el territorio, debido a los recursos naturales que se tienen. Los 32 mil núcleos agrarios representan el 51 por ciento de la superficie del país.
Sin embargo, en muchos casos se están vendiendo las tierras porque el campo no es rentable económicamente y está en subsistencia. Esto, ya que los ejidatarios migran a Estados Unidos y aunque las esposas cubren las tierras para actividades agropecuarias, no generan sustento. Razón por la que deciden darlas a alguien más y alcanzar a sus familiares en el extranjero.
Comentó que esta situación ha generado que empresarios se quedan con ellas, como se previó con dicha reforma, quienes les dan un uso distinto al original. Esto se puede entender como una privatización de las tierras, dejando de lado el desarrollo agropecuario.
“Hay necesidad de alimentación y no entramos en conciencia de cuánta agua nos gastamos, de que se le está quitando a comunidades lejanas, tenemos que analizar y reflexionar y luego tomar las medidas correspondientes”
Larisa Ortiz Quintero
Se le debe apostar al campo: magistrada del Tribunal Agrario
Insistió que el próximo gobierno debe apostarle al campo para que los campesinos no dejen sus tierras abandonadas y estas se vuelvan rentables para productores.
Señaló que hay cambiar técnicas de cultivo, así como revalorar la tierra, pues, aunque es una actividad económica fuerte, muchos productores esperan a que llueva, mientras que una empresa llega paga para adquirir las tierras, sobre todo en zonas turísticas.
Agregó que los tribunales agrarios son los que se encargan de verificar que, si las comunidades toman la decisión de parcelar o vender, se haya cumplido con la asamblea, pues ésta es la máxima autoridad en los ejidos.
No obstante, reconoció que en estos tribunales se han dado casos de corrupción con el fin de presionar a los campesinos a que vendan sus tierras. Además de casos en los que magistrados beneficien a un empresario, orillando a investigaciones y baja para quienes se prestan a esto.
Precisó que hay retos que se deben atender, como agilizar la integración de expedientes para dar solución a los asuntos y ejecutar las sentencias pronto. Pero igual en materia administrativa, como son las jubilaciones, que cada vez que se queda vacante una plaza, tardan mucho tiempo en cubrirse.
Además, de que se necesita contar con más personal cuando se dan licencias o incapacidades, pues los tribunales agrarios son los que menos recursos reciben y, a 32 años de que se crearon, hay varios que siguen teniendo los mismos inmuebles.
A esto, sumo el rezago existente desde antes de 1992 con expedientes abiertos, pero como no se ha emitido una sentencia siguen en litigio. Agregó que en 2023 fueron 54 mil 134 asuntos en los 56 tribunales y el tribunal superior.
Amparo por destitución de presidencia
En otro tema, denunció que el 5 de marzo pasado fue destituida ilegalmente del Tribunal Superior Agrario, por lo que interpuso un amparo. En aquel entonces, los magistrados que impulsaron su destitución argumentaron que ya había terminado su cargo. No obstante, ella entró en funciones recién el 15 de diciembre de 2023.
Respecto a su destitución como presidenta del Tribunal Superior, presentó un amparo, porque en la sesión donde se dio tal hecho, no había quorum. Pero se hizo con el argumento de que “le habían perdido la confianza” por parte de los otros cuatro integrantes.
“Hubo acusaciones de que las redes las usaba solo yo, que no daba acceso a nada, que hostigaba a los tribunales, que era suficiente para removerme, que había perdido la confianza, fue una cuestión de discriminación y de violencia de género institucional”
Larisa Ortiz Quintero
Atribuyó esta situación a que no aceptó llegar un acuerdo en que personas cercanas a los otros magistrados quedaron en espacios de la presidencia. Por lo que, tras removerla del cargo, 25 trabajadores que ella había designado fueron dados de baja. Luego de esto, añadió, que “se repartieron el pastel para poner a los suyos”.
Añadió que esperaban que estuviera en una situación de subordinación y eso no iba a pasar, ya que debe haber respeto entre pares, responsabilizando de estos hechos a la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara.
Larisa Ortiz Quintero
