El ayuntamiento de Puebla cuenta con 6 mil procedimientos jurídicos pendientes que fueron heredados de la anterior administración, entre ellos cumplir con la construcción de casas a familias de Xochimehuacan y la indemnización a los ejidatarios de San Baltazar Campeche.
Así lo reveló, en entrevista previó a acudir al informe de la presidenta del DIF Estatal, Gabriela Bonilla Parada, la titular de la Sindicatura Municipal, Mónica Silva Ruiz, quien agregó que hay varios que son importantes y serán atendidos en su justa dimensión.
“Tenemos varios juicios pendientes, tenemos aproximadamente 6 mil procedimientos en Sindicatura, hay muchos importantes, pero estamos muy bien, vamos avanzando en cada uno de ellos”, expresó.
Explicó que uno de ellos es el litigio que se tienen con los campos del Seminario, que se viene arrastrando de varias administraciones, siendo en la de Mario Marín Torres, cuando fue alcalde, quien autorizó el cambio de uso de suelo de este espacio en beneficio de particulares.
Esto ocasionó que vecinos se hayan manifestado en contra, ya que implicaba la pérdida de más de seis mil metros cuadrados y por el contrario buscan que sean reconocidos como un espacio deportivo, incluso, mandaron una solicitud al exedil Eduardo Rivera Pérez para que llevara a cabo la expropiación de este terreno, sin embargo, no se concretó.
Otro de los conflictos que actualmente se encuentran activos es la indemnización a los ejidatarios de San Baltazar Campeche, que días antes de concluir la anterior administración realizaron el cierre de calles, en exigencia por la expropiación de sus tierras, cuyo valor asciende a los mil 200 millones de pesos.
Sin embargo, es de destacar que esta situación se originó desde hace más de 50 años por la construcción de las calles 2, 4 y 24 Sur, así como del Bulevar Valsequillo y Río Papagayo, cuyo proceso jurídico sigue en curso y no se ha concluido en su totalidad.
Construcción de casas, un pendiente del Ayuntamiento de Puebla
De igual forma se tiene el de la reparación del daño deriva de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se le pidió al ayuntamiento construir nueve viviendas para el mismo número de familias.
Lo anterior, por la explosión de una toma clandestina a un ducto de Pemex, el 31 de octubre del 2021, en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, que provocó la pérdida total de 59 casas y el fallecimiento de cinco personas.
Por ello, el gobierno municipal debe construir nueve viviendas para las familias damnificadas, cuyo proyecto se prevé que inicie en enero y se concluya en marzo de 2025. Los inmuebles se ubicarán en un predio adquirido por la Comuna en San Sebastián de Aparicio.
En el caso de la concesión de los espacios publicitarios que se tiene pendiente, Silva Ruiz precisó que es un tema al que se le da seguimiento, pues apenas tienen 20 días que tomaron las riendas del municipio y todo debe hacerse conforme los tiempos que marca la ley.
