Huitziltepec es una junta auxiliar del municipio de Molcaxac, en Puebla, que lleva 10 años luchando por su reconocimiento como comunidad indígena. Fue con el expresidente Andrés Manuel López Obrador que lo lograron, pero Roberto Parada Coto, actual alcalde, no respetó normativa indígena.
La noche del 24 de enero, el edil Parada Coto emitió una convocatoria para llevar a cabo una asamblea que se contrapuso con la reconocida por la comunidad y dirigida por el Concejo de Ancianos.
El 26, fecha en la que en todo el estado se celebraron las elecciones para elegir a los presidentes auxiliares, se realizaron dos asambleas: una encabezada por la síndica municipal, María Teresa Lara López y que “estaba resguardada por municipales”.
Por otro lado, estaba el Concejo de Ancianos, presidido por Constantino López Torres. Los ediles auxiliares son Delfino Flores y Erasto Sánchez Carrasco, respectivamente.
Como resultado, la comunidad de mil 747 habitantes tiene dos presidentes auxiliares: uno designado por la convocatoria del ayuntamiento y otro por la comunidad que se autoadscribe como indígena.
Miembros del Concejo señalaron a este medio que el hecho no es una situación aislada, sino que forma parte de una serie “de agravios que sufrimos cada vez que queremos renovar esta autoridad”.
Recordaron que, en 2022, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) les otorgó la impugnación TEEP-JDC-024/2022, la cual mandataba al IEE a organizar una consulta para que la junta auxiliar definiera su método de elección.
Los resultados de dicha elección fueron 440 votos, de los cuales el 52 por ciento optó porque fuera por usos y costumbres.
En Huitziltepec no se respeta la normatividad indígena
Sin embargo, uno de los agraviados expresó que no solo se trata de que el edil de Huitziltepec “haya pisoteado nuestros derechos”, sino de que no está respetando la nueva normatividad indígena.
Esta nueva ley, aprobada en octubre pasado, garantiza a los pueblos y comunidades indígenas que, además de ser sujetos de derecho público y tener personalidad jurídica, pueden mantener y desarrollar su sistema político, económico y social.
No obstante, explicaron que, en varias ocasiones, el alcalde Parada Coto intentó influir para que la elección se realizara “haciendo a un lado lo establecido en la Constitución”. Incluso, el asesor jurídico del ayuntamiento de Molcaxac argumentó que eso no era válido “porque no estaba en la Constitución de Puebla”.
El pueblo decidió
La cita de ambas asambleas fue a las 10 de la mañana. “El calorón estaba a todo lo que da”, dijo uno de los asistentes. El Concejo de Ancianos preguntó a los presentes, previo al inicio de la asamblea, si querían que dicho organismo decidiera, a lo que respondieron afirmativamente.
En esta asamblea participaron unas 480 personas indígenas, mientras que en la convocada por el ayuntamiento fueron menos, aunque “se habla de más de 600”.
A pesar de ello, los indígenas se organizaron y contaron con el respaldo de la defensoría indígena y autoridades correspondientes para vigilar el proceso. Refirieron que, incluso, autoridades del Instituto Nacional y Poblano de los Pueblos Indígenas (INPI e IPPI) hablaron con el alcalde de Molcaxac, antes del proceso democrático en Huitziltepec, sin embargo, “violó la normatividad indígena”, acotaron.
Necesario modificar leyes municipales en Puebla
“Nosotros nos basamos en el artículo 2 de la Constitución mexicana, en específico en las primeras dos fracciones”, contó uno de los pobladores, al tiempo que agregó que ningún reglamento o ley estatal “puede estar por encima de la Carta Magna”.
Pidieron al gobierno del estado de Puebla que ponga atención en este tema, pues hace falta regularizarlo. “Si bien ya hay un marco legal, es necesario que las leyes municipales se reformen para que no haya lagunas con las cuales se pueda caer en una violación de derechos”.
Especificaron que, si no se interviene, las autoridades pueden incurrir en delitos como “usurpación de funciones, pues desconocen su papel”.
Lo mismo debe suceder con el Poder Judicial, ya que las comunidades indígenas tienen derecho a nombrar a sus jueces “bajo usos y costumbres”. En ese sentido, reformar la ley orgánica de este poder es vital para evitar problemas futuros como el de esta junta auxiliar.
