El Poder Judicial “se empeña” en frenar la elección judicial, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Calificó como “absurdo” que la decisión del Comité de Evaluación de no retomar la selección de los aspirantes pese al fallo del Tepjf.

En la “mañanera del pueblo”, la presidenta Sheinbaum Pardo opinó sobre la decisión de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de no retomar la selección de los aspirantes pese a que los magistrados electorales señalaron que el proceso debe continuar.

 Para Sheinbaum la decisión muestra la posición de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la elección judicial no se lleve a cabo.

Pese a la posición que asumen los ministros, la presidenta recordó que varios concluirán su periodo en agosto próximo, así como que la elección judicial se realizará el 1 de junio de 2025.

A la par, la mandataria cuestionó la posición que asumieron los integrantes del Poder Judicial de iniciar el proceso de selección de candidatos a la elección judicial.

Aseguró que en principio, emitieron una convocatoria y posteriormente integraron al Comité de Evaluación.

“¿Por qué abren la convocatoria?, nombran a su comité, ponen reglas y a la mitad del proceso lo cierran, ¿hay que preguntarse por qué?”.

Tepjf definirá selección de candidatos a elección judicial

Sentenció que la decesión de la SCJN de suspender la selección de los candidatos, afecta a quienes se registraron ante el Poder Judicial.

En ese sentido, consideró que independiente a la decisión del Comité de Evaluación, lo importante es resguardar los derechos de las personas registradas.

Consideró que será la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), la autoridad que deberá pronunciarse sobre el caso.

Indicó así podrá conocerse qué sucederá con los aspirantes y si la evaluación podrán realizarla los Comités de Evaluación de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Asimismo, consideró que el tribunal electoral será la instancia que determinará la sanción que procede por incumplir con el fallo emitido.