La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), ordenó al comité evaluador del PJF, reanudar la selección de los candidatos a contender por los 881 cargos de jueces, ministros y magistrados el próximo 2 de junio.

Los magistrados electorales establecieron un lapso de 24 horas para que el comité evaluador reactive “de manera inmediata” sus labores en la elección judicial. Además, decidieron interponer una denuncia penal y una administrativa en contra del juez, Sergio Santamaría, quien ordenó la suspensión de sus labores el pasado 7 de enero.

De acuerdo con el Tepjf, el juez de distrito con sede en Michoacán “inobservó el orden constitucional” e invadió el ámbito de competencia del tribunal. Por ello, presentarán la denuncia ante la Fiscalía General de la Republica (FGR), bajo presuntos delitos en contra de la administración de justicia.

En lo que respecta al comité evaluador, para el caso de incumplir con la sentencia, los magistrados determinaron imponer alguna de las medidas previstas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La magistrada presidenta, Mónica Soto Fregoso, señaló que ninguna autoridad puede sujetar la jurisdicción del Tepjf a un juicio de amparo. En ese sentido, calificó como de “alta gravedad” que el juez ordenara suspender las labores del comité evaluador.

Senado confía en comité del PJF

Al respecto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confió en que el comité evaluador del PJF continúe con sus labores. Enfatizó que no hay ningún recurso legal que pueda detener un proceso electoral, pues el Tepjf es la máxima autoridad en esta materia.

Señaló que, en caso de que el comité evaluador no acate la sentencia, “tienen una salida”. Aunque no detalló cual sería el proceder, señaló que buscarán evitar “dejar en la indefensión” a los aspirantes a jueces, magistrados y ministros.

Fernández Noroña recordó que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado, tienen facultades para resolver los asuntos no previstos en la elección judicial.

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