Ante el cobro excesivo o la interrupción del servicio, el Poder Judicial del Estado, a través del Tribunal de Justicia Administrativa, ofrece a los ciudadanos asistencia para presentar sus demandas contra la concesionaria Agua de Puebla.
En un vídeo publicado en su cuenta de X, el Poder Judicial del Estado precisa que las personas afectas por la suspensión del servicio (agua potable o drenaje), el monto de las tarifas o multas puede presentar su demanda contra Agua de Puebla en la Oficialía del Tribunal de Justicia Administrativa (Piso 17, Edificio Tandra B Clústar, Bulevar Municipio Libre 1933).
El pasado 6 de enero, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que su administración lleva a cabo una investigación por posibles irregularidades al Soapap y a Agua de Puebla, compañía que está a cargo del servicio de agua potable en la capital.
Previo a que el gobernador diera a conocer el desarrollo de la investigación al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapa) y Agua de Puebla, la concesionaria relevó de la dirección a Héctor Durán Díaz.
En un comunicado fechado el 19 de diciembre, Agua de Puebla informó sobre la salida de Durán Díaz como director de la empresa y de la designación temporal como director de Héctor Fernández Gutiérrez.
Antes de su salida, Durán Díaz y Gustavo Gaytán, director del Sopapa, comparecieron ante la Comisión de Hacienda del Congreso.
En aquella ocasión y como ejecutivo de Agua de Puebla, Durán Díaz reconoció que a10 años de operar el servicio, la compañía solo había entregado 852 millones de pesos de los mil 528 millones de pesos de contraprestación para el Soapap.
La concesión del servicio de agua potable la impulsó el exgobernador Rafael Moreno Valle (2011-2017).
El 12 de septiembre de 2013, el Congreso de Puebla aprobó la reforma a la Ley del Agua que Moreno Valle presentó para que los sistemas operadores agua concesionaran el servicio.
En ese momento, la propuesta que impulsó Moreno Valle y aprobaron los diputados, establecía que las tarifas por el servicio las establecerían la empresa que obtuvieran la concesión y no sería necesario la autorización del Congreso.